Oenegés, Cajas de Ahorros y otras entidades (ayuntamientos, asociaciones de inmigrantes, universidades, consultores, expertos e instituciones públicas) podrán dar microcréditos en España a personas en exclusión social y a las que quieran trabajar. Así rezan las primeras líneas de la propuesta de legislación española -que toma a la francesa como referencia- sobre microfinanzas y que estará lista a principios de 2012.
Los microcréditos serían de como máximo 20.000 euros en el caso de que se dirijan a micronegocios, en la línea de los países del entorno español, y de 5.000 en los casos en los que se dirija a personas en riesgo de exclusión social.
Los prestatarios potenciales deberán ser españoles o extranjeros residentes que acrediten unos ingresos que no superen 2 veces el salario mínimo interprofesional, en el caso de los microemprendedores, y 500 euros en los otros casos.
El objetivo es que las oenegés, “que están mucho más cerca de los beneficiarios y tienen una vocación social, puedan dar microcréditos y puedan acceder a microfinanciación, aunque eso no excluye a las cajas de ahorro, que lo están haciendo a través de su obra social”.
No se trata sólo de dar el crédito a los parados de larga duración, mujeres víctimas de la violencia, expresidiarios o emprendedores que quieran trabajar, sino que se les ofrecerá un “acompañamiento, seguimiento y formación”, en lo que se plantea como un “compromiso con las personas.
En Francia, cualquier persona en situación irregular, que no ilegal, por ejemplo una peluquera, por el mero hecho de recibir un microcrédito sería dada de alta como autónoma, y aunque no pagara las cotizaciones hasta que tuviera unos ingresos mínimos, esto les ha permitido acabar con el mercado negro. Esto es lo que se quiere para España, “que la gente que quiera trabajar pueda hacerlo”, porque el país “necesita desarrollar el espíritu emprendedor para que el estado del bienestar se compense un poquito y la gente no sentada cruzada de brazos esperando” afirma Jaime Durán Navarro, coordinador del grupo de legislación microfinanciera española.
Los microcréditos serían de como máximo 20.000 euros en el caso de que se dirijan a micronegocios, en la línea de los países del entorno español, y de 5.000 en los casos en los que se dirija a personas en riesgo de exclusión social.
Los prestatarios potenciales deberán ser españoles o extranjeros residentes que acrediten unos ingresos que no superen 2 veces el salario mínimo interprofesional, en el caso de los microemprendedores, y 500 euros en los otros casos.
El objetivo es que las oenegés, “que están mucho más cerca de los beneficiarios y tienen una vocación social, puedan dar microcréditos y puedan acceder a microfinanciación, aunque eso no excluye a las cajas de ahorro, que lo están haciendo a través de su obra social”.
No se trata sólo de dar el crédito a los parados de larga duración, mujeres víctimas de la violencia, expresidiarios o emprendedores que quieran trabajar, sino que se les ofrecerá un “acompañamiento, seguimiento y formación”, en lo que se plantea como un “compromiso con las personas.
En Francia, cualquier persona en situación irregular, que no ilegal, por ejemplo una peluquera, por el mero hecho de recibir un microcrédito sería dada de alta como autónoma, y aunque no pagara las cotizaciones hasta que tuviera unos ingresos mínimos, esto les ha permitido acabar con el mercado negro. Esto es lo que se quiere para España, “que la gente que quiera trabajar pueda hacerlo”, porque el país “necesita desarrollar el espíritu emprendedor para que el estado del bienestar se compense un poquito y la gente no sentada cruzada de brazos esperando” afirma Jaime Durán Navarro, coordinador del grupo de legislación microfinanciera española.