La compra de las administraciones supone un 17% del PIB.
La pasada semana se debatió en el Congreso la Proposición de Ley que presentó CiU el pasado 29 de noviembre de 2013 sobre incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública.
Forética y muchas más entidades, entre ellas culturaRSC.com, apoyamos que el sector público lidere y actúe como motor del desarrollo de la RSC incorporando los criterios éticos, sociales y ambientales en las decisiones de compra y contratación.
Esta práctica impulsará que las empresas contratadas o proveedores e incluso los licitadores privados adopten estos criterios.
El texto de la propuesta incide fundamentalmente en que los órganos de contratación administrativa establezcan como requisito para participar en una licitación (en los contratos cuyo objeto esté directamente vinculado a acciones públicas de fomento de la ocupación) la acreditación del cumplimiento legal de contar con un 2% de trabajadores con discapacidad o de haber adoptado las medidas alternativas correspondientes.
Esta misma acreditación deberá llevarse a cabo para resultar beneficiario de subvenciones públicas.
Así, pretende impulsar el cumplimiento de la Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI) que entró en vigor en 1982.
Este texto pone en valor el trabajo que están haciendo las organizaciones y promueve el desarrollo de políticas responsables en las compañías, como se pretende con la futura Estrategia Española de Responsabilidad Social Empresarial que actualmente se está elaborando. Es importante mantener criterios de unidad de mercado, de manera que se incorporen también a las pequeñas y medianas empresas a este proceso, y de favorecer plazos de transición que ayuden a avanzar y no generen barreras administrativas. Yolanda Erburu, presidenta de la Junta Directiva de Forética
La importancia de la compra pública responsable
Prácticamente todos los países europeos tienen una estrategia de compra pública verde y la mayoría incluyen cada vez más aspectos sociales.
Son ejemplos destacables la Ley sobre compra pública responsable del Reino Unido (Social Value Act) o el compromiso de Holanda de incluir los aspectos sociales y ambientales en el 100% de sus compras en 2015.
Para cada tipo de cláusulas (éticas, sociales o laborales y ecológicas o ambientales) y, en función de los sectores, existen distintas herramientas que ya son utilizadas, por las empresas y organizaciones que aspiran a ser contratadas por la administración, como la Norma SGE 21 con criterios sociales, ambientales y de buen gobierno, por ejemplo.
Tal como se afirma en la exposición de motivos de la Proposición de Ley, parece coherente pensar que no deberíamos posibilitar transferencias de fondos públicos a empresas que contaminen, que incumplan normas relativas a la seguridad y salud en el trabajo, que no respeten los derechos laborales o que no cumplan con los objetivos de integración e igualdad de nuestro marco normativo.
Finalmente la mayoría en el Congreso del Partido Popular no ha apoyó la tramitación de la proposición de ley alegando que se negociando una nueva directiva europea de Contratación de las Administraciones, y que el debate debería esperar a su trasposición para ver qué se puede hacer en este sentido sin conculcar la normativa comunitaria.
La iniciativa es muy loable en cuanto a sus fines pero que puede perjudicar a la libre concurrencia e igualdad en el acceso a los contratos públicos, uno de los "principios rectores" de la UE. Por otra parte, Bruselas no ha dejado demasiados resquicios para incluir criterios sociales en la adjudicación de contratos, aunque la directiva en cuestión está en revisión por lo que cuando concluya ese proceso y comience la trasposición a la normativa nacional se podrá reformar en profundidad la actual Ley de Contratos del Sector Público o incluso elaborar una nueva. Francisco Vañó, portavoz de discapacidad del PP
Con la frustración de esta iniciativa legislativa, se niegan salidas a la sociedad civil emprendedora que trabaja en la esfera de los grupos sociales situados en posiciones de mayor vulnerabilidad, por lo que el CERMI reclama al Partido Popular que reconsidere su negativa a las cláusulas sociales, ya que son una herramienta útil a favor de la inclusión y contra los efectos de la pobreza Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)
La pasada semana se debatió en el Congreso la Proposición de Ley que presentó CiU el pasado 29 de noviembre de 2013 sobre incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública.
Forética y muchas más entidades, entre ellas culturaRSC.com, apoyamos que el sector público lidere y actúe como motor del desarrollo de la RSC incorporando los criterios éticos, sociales y ambientales en las decisiones de compra y contratación.
Esta práctica impulsará que las empresas contratadas o proveedores e incluso los licitadores privados adopten estos criterios.
El texto de la propuesta incide fundamentalmente en que los órganos de contratación administrativa establezcan como requisito para participar en una licitación (en los contratos cuyo objeto esté directamente vinculado a acciones públicas de fomento de la ocupación) la acreditación del cumplimiento legal de contar con un 2% de trabajadores con discapacidad o de haber adoptado las medidas alternativas correspondientes.
Esta misma acreditación deberá llevarse a cabo para resultar beneficiario de subvenciones públicas.
Así, pretende impulsar el cumplimiento de la Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI) que entró en vigor en 1982.
Este texto pone en valor el trabajo que están haciendo las organizaciones y promueve el desarrollo de políticas responsables en las compañías, como se pretende con la futura Estrategia Española de Responsabilidad Social Empresarial que actualmente se está elaborando. Es importante mantener criterios de unidad de mercado, de manera que se incorporen también a las pequeñas y medianas empresas a este proceso, y de favorecer plazos de transición que ayuden a avanzar y no generen barreras administrativas. Yolanda Erburu, presidenta de la Junta Directiva de Forética
La importancia de la compra pública responsable
Prácticamente todos los países europeos tienen una estrategia de compra pública verde y la mayoría incluyen cada vez más aspectos sociales.
Son ejemplos destacables la Ley sobre compra pública responsable del Reino Unido (Social Value Act) o el compromiso de Holanda de incluir los aspectos sociales y ambientales en el 100% de sus compras en 2015.
Para cada tipo de cláusulas (éticas, sociales o laborales y ecológicas o ambientales) y, en función de los sectores, existen distintas herramientas que ya son utilizadas, por las empresas y organizaciones que aspiran a ser contratadas por la administración, como la Norma SGE 21 con criterios sociales, ambientales y de buen gobierno, por ejemplo.
Tal como se afirma en la exposición de motivos de la Proposición de Ley, parece coherente pensar que no deberíamos posibilitar transferencias de fondos públicos a empresas que contaminen, que incumplan normas relativas a la seguridad y salud en el trabajo, que no respeten los derechos laborales o que no cumplan con los objetivos de integración e igualdad de nuestro marco normativo.
Finalmente la mayoría en el Congreso del Partido Popular no ha apoyó la tramitación de la proposición de ley alegando que se negociando una nueva directiva europea de Contratación de las Administraciones, y que el debate debería esperar a su trasposición para ver qué se puede hacer en este sentido sin conculcar la normativa comunitaria.
La iniciativa es muy loable en cuanto a sus fines pero que puede perjudicar a la libre concurrencia e igualdad en el acceso a los contratos públicos, uno de los "principios rectores" de la UE. Por otra parte, Bruselas no ha dejado demasiados resquicios para incluir criterios sociales en la adjudicación de contratos, aunque la directiva en cuestión está en revisión por lo que cuando concluya ese proceso y comience la trasposición a la normativa nacional se podrá reformar en profundidad la actual Ley de Contratos del Sector Público o incluso elaborar una nueva. Francisco Vañó, portavoz de discapacidad del PP
Con la frustración de esta iniciativa legislativa, se niegan salidas a la sociedad civil emprendedora que trabaja en la esfera de los grupos sociales situados en posiciones de mayor vulnerabilidad, por lo que el CERMI reclama al Partido Popular que reconsidere su negativa a las cláusulas sociales, ya que son una herramienta útil a favor de la inclusión y contra los efectos de la pobreza Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)