Las principales entidades
valencianas que gestionan los programas de empleo para colectivos
vulnerables en la Comunidad Valenciana, Fundación Novaterra, Fundación
Novafeina, la Comissió d'Ajuda al Refugiat del País Valencià (CEAR-PV),
Iniciatives Solidaries y Rais Fundación, se han unido para aunar esfuerzos
por una causa común: instar al gobierno valenciano a que promocione políticas
activas de empleo inclusivas con estos colectivos.
La experiencia de estas
entidades ha demostrado que la falta de un empleo es un denominador común en la
mayoría de los casos de las personas con las que trabajan, lo que supone para
ellas “una rampa hacia la exclusión social y la marginación”.
Una rampa que
está cada vez más empinada.
“Cada vez recibimos a más gente y tenemos menos
recursos para atenderles”.
“Las políticas activas de empleo enfocadas
especialmente hacia los colectivos más vulnerables a través de los llamados itinerarios
de inserción socio-laboral son una de las claves para frenar esta dinámica”,
aseguran.
La
principal preocupación es que los programas para
frenar la exclusión social centren su foco en la promoción del empleo y no sólo
en la realización de programas asistenciales “que son fundamentalmente
necesarios pero no suficientes”.
El Gobierno tiene parte de responsabilidad en
garantizar a todos los ciudadanos el derecho al trabajo, tal y como recoge el
artículo 35 de la Constitución Española, y en especial a los colectivos en
situación o riesgo de exclusión social.
Estas cinco entidades han mantenido varias reuniones en las que han elaborado
una “hoja de ruta” que presentar al Gobierno valenciano con el objetivo de
trabajar conjuntamente para paliar los efectos tan severos que está teniendo la
crisis en las personas más vulnerables de la sociedad valenciana.
El próximo paso será
mantener una reunión con el Secretario Autonómico de Empleo, Fernando
Díaz Requena, en la que plantear de manera conjunta sus preocupaciones y
propuestas para los próximos años. Entre éstas que la administración valenciana
saque adelante políticas activas de empleo para personas en situación de exclusión
social, que llevan dos años sin convocarse.
1 Que se tenga en cuenta a las
entidades profesionales con experiencia en este sector como agencias de
colocación no lucrativas especializadas para trabajar con estas personas, según
la normativa aprobada recientemente.
2 Que se tengan en cuenta los fondos
europeos como oportunidad para incluir medidas y proyectos específicos hacia
los colectivos más vulnerables, tal y como marca la Estrategia Europea 2020.
3 Que se tomen en consideración a las organizaciones de inserción socio-laboral
de la Comunitat en el diseño de las políticas activas de empleo en el futuro.
4 Que se pongan al día con los impagos de las subvenciones a estas entidades que
son “redes de contención” para tantas personas en situación de vulnerabilidad.
5 Y que la administración pública incorpore cláusulas sociales en los contratos
públicos de suministro de productos y prestación de servicios, potenciando así
la inserción laboral de las personas más vulnerables.
Valencia, la segunda comunidad
en la que más ha aumentado la pobreza
Precisamente estos días
se han conocido los datos del informe 'Desarrollo humano y pobreza en España y
sus comunidades autónomas' elaborado por el Instituto Valenciano de
Investigaciones Económicas (IVIE) y la Fundación Bancaja, que sitúa a la
Comunidad Valenciana como la segunda autonomía, por detrás de Canarias (21%),
donde más ha subido el aumento de la pobreza hasta alcanzar el 18 por ciento,
más del doble de la media nacional (8%). Una pobreza que está aumentando las
desigualdades sociales de manera acuciante. Según los datos del INE (2011) un
26,8 por ciento de personas están en situación de pobreza o exclusión social en
España, o lo que es lo mismo, una de cada cuatro personas.