España necesita mejorar su
competitividad con urgencia.
Sin embargo sólo el 28% de las empresas privadas españolas
ofrecerá formación a sus empleados en 2013, según una encuesta realizada por ArrabeAsesores.
Sólo participarán en cursos para reciclarse o
mejorar su capacitación 3 millones de trabajadores del sector privado,
apenas el 25% del total.
Causas:
1. Desconocimiento de las ayudas existentes.
2. Falta
de capacidad para prescindir durante algún tiempo de parte de la plantilla
3. La propia negativa de los empleados a destinar parte de
su tiempo privado a realizar un curso.
Miguel Ángel Ferrer Garcerán, socio director general de Arrabe Asesores,
explica que “aún hay muchas empresas que ignoran que pueden recuperar todo o
parte del precio de los cursos que hagan sus trabajadores descontando esa
cantidad de las cotizaciones a la Seguridad Social. Así pueden formar a parte
de su equipo gratis o a muy bajo coste”.
Beneficios:
1. a los empleados, que mejoran su cualificación, con lo que
aumentan las posibilidades de promoción en la compañía
2. a las empresas,
que contarán con equipos mucho más productivos y motivados.
“La formación continua es
una palanca de cambio para que nuestro país salga de la crisis lo antes posible
y mejor preparado. Las empresas necesitan actualizar los conocimientos de sus
empleados: ellos serán más productivos y las compañías más competitivas. Hay
que avanzar, sobre todo, en áreas como los idiomas y todo lo que tiene que ver
con el ecosistema digital, para que siga creciendo la internacionalización de
nuestra economía”, indica Miguel Ángel Ferrer.
“La formación continua es una herramienta imprescindible para retener y
desarrollar el talento y aumentar el compromiso de la plantilla”, continúa el
responsable de Arrabe Asesores.
La Fundación Tripartita
para la Formación en el Empleo es la entidad que gestiona los planes de
formación continua de las empresas, los ocupados y los desempleados. Según sus
datos, las empresas solo dispusieron del 73% del crédito que les correspondía
en 2011 -último año del que hay cifras oficiales- para financiar la formación
de sus trabajadores, de modo que dejaron de aprovechar más de 200 millones de
euros en ese año.
De los 763,77 millones de
euros disponibles para formación en 2011, sólo se gastaron 561 millones de
euros, dejando sin consumir el 27,3%. Como estas cantidades no son acumulables
para años posteriores, se pierden.
Rechazo de los
trabajadores
El volumen de las empresas influye mucho en la
formación continua.
El 90% de las grandes compañías (de más de 250
empleados) realizará acciones formativas, el 55% en el
caso de las pymes (de 10 a 249 empleados), y el 24% entre las
micropymes (de 1 a 9 trabajadores).
Respecto a los empleados
que van a recibir formación se reducirá su número.
Si bien participaron el año pasado más de 3 millones de trabajadores, frente a los 2,9 millones de 2011, se prevé un
retroceso del 10% en este año.
En parte, fruto de la fuerte reducción de
plantillas que se ha producido en España tras la Reforma Laboral.
Sólo el 25% de los asalariados realizará algún curso.
Dentro de
las empresas que no organizarán acciones formativas, el 60% de ellas no lo hará
porque sus trabajadores o directivos rechazan destinar parte de su tiempo privado
a los cursos.
Según la normativa, los
trabajadores con al menos un año de antigüedad en la empresa, tienen derecho a
un permiso retribuido de 20 horas anuales de formación profesional para el
empleo, vinculada a la actividad de la empresa, acumulables por períodos de
hasta cinco años.
A esto se suma el derecho la formación que deba impartir la
empresa a su cargo obligatoriamente conforme a lo previsto en otras
Leyes. En defecto de lo previsto en cada convenio colectivo, el modo de
disfrutar del permiso se fija de mutuo acuerdo entre el trabajador y el
empresario (art. 23.3 TR Estatuto de los Trabajadores).
Según los datos de la
Fundación Tripartita, el tiempo medio de formación subvencionada que reciben
los empleados es de 27 horas. El formato más común es la formación a distancia,
seguida de la presencial y la formación mixta (entre las dos modalidades). En
cuanto a los contenidos, los cursos más solicitados han sido hasta ahora
prevención de riesgos, gestión de recursos humanos, idiomas e informática.
En los Presupuestos
Generales del Estado (BOE 28/12/2012), se publicó el sistema de
financiación de la formación profesional para el empleo de cara al año 2013,
manteniendo los créditos de formación conforme a lo establecido en el
Capítulo II del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, dirigidas
prioritariamente a personas ocupadas, aunque también los desempleados pueden
optar a ellas.
Los recursos que financian esta actividad provienen
de la recaudación de las cuotas por formación profesional que realiza la
Seguridad Social, de las ayudas del Fondo Social Europeo y de las aportaciones
que haga el Estado a través del presupuesto del Servicio Público de Empleo
Estatal. Además, existen aportaciones autonómicas.
Dentro de las cotizaciones a la Seguridad Social,
las empresas destinan una parte de esas cantidades a financiar la Formación
Profesional. Esto da derecho cada año a una serie de créditos, para que los
empleados asistan a cursos que resultan gratuitos o a muy bajo coste para las
compañías. Las entidades que imparten estos cursos, presenciales u online,
pueden ser públicas o privadas.
El número de créditos para cada empresa está en
función del número de trabajadores y las cantidades aportadas a la Seguridad
Social en el concepto de Formación Profesional durante el año anterior:
- Empresas de 1 a 5 trabajadores: 420 euros de crédito.
- Empresas de 6 a 9 trabajadores: 100% de la cantidad cotizada.
- Empresas de 10 a 49 trabajadores: 75% de la cantidad cotizada.
- Empresas de 50 a 249 trabajadores: 60% de la cantidad cotizada.
- Empresas de 250 ó más trabajadores: 50% de la cantidad cotizada.
Además, las empresas que conceden permisos
individuales a sus trabajadores para su formación, disponen de un crédito
adicional.
Para utilizar esos créditos, la empresa y el
trabajador pueden escoger el curso que les interese, siempre que el contenido
esté relacionado con la actividad del empleado o suponga una mejora en su
capacitación.
La empresa paga el coste del curso y
posteriormente lo descuenta de las cotizaciones a la Seguridad Social, de forma
que recupera el importe pagado, hasta el límite de créditos que disponga.
Los créditos son anuales y colectivos. La empresa
puede optar por utilizar los créditos en un solo curso, para un trabajador, o
repartirlo en varios cursos para varios empleados.
“Desde Arrabe Asesores estamos informando de esta
posibilidad a todos nuestros clientes, realizando una labor de consultoría,
ayudándoles a identificar los mejores cursos según sus necesidades y a
gestionar todo el proceso de solicitud e incluso a valorar la eficacia de la
formación recibida”, explica Miguel Ángel Ferrer.
Arrabe Asesores ha realizado esta encuesta entre
sus cerca de 1.200 clientes, que dan empleo a 6.700 personas.