100 millones al año por mala gestión costera
Greenpeace denuncia su informe anual Destrucción a toda costa 2012 el elevado coste que suponen actuaciones como la regeneración de playas, dragados, espigones o la reconstrucción de paseos marítimos.
Además, esta cifra corresponde únicamente a los Presupuestos Generales del Estado para 2012 sin tener en cuenta las competencias autonómicas ni los tres procedimientos abiertos contra España por la Unión Europea por contaminación de aguas y que pueden suponer multas por otros 100 millones de euros.
Los ecologistas destacan así mismo que la política costera actual olvida por completo las consecuencias del cambio climático y que pueden suponer un coste de 3.415 millones de euros de aquí a 2100 por temporales, intensificación de la sequía y la subida del nivel del mar.
Según el informe, al ejecutarse obras en la costa no se tiene en cuenta el impacto económico de la pérdida de capital natural.
Actualmente se ha perdido casi el 60% de superficie de humedales costeros y el 70% de lagunas costeras, y tan sólo el 20% de los sistemas dunares está en buen estado. Según Naciones Unidas, España ha perdido el 50% de los beneficios económicos y ambientales de la costa (pesca, turismo…) debido al urbanismo, la contaminación y las infraestructuras.
Mario Rodriguez, director ejecutivo de Greenpeace España, ha afirmado que "si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado que lo que no sea sostenible medioambientalmente, no será útil económicamente, qué mejor ejemplo puede darnos que invertir en conservar y en hacer una gestión sostenible del litoral, y con ello, de toda la economía asociada, como el turismo, la pesca o la agricultura".
"España no podrá salir de la crisis si continúa su huída hacia delante, apostando por el ladrillo y reformando la Ley de Costas, es un suicidio económico", añade Rodriguez.
La organización ecologista cifra en 7.745 millones de euros anuales los ingresos que se dejan de percibir por la ausencia de un Plan de Gestión Integral del Litoral. Para poner remedio a esta situación, Greenpeace porpone una inversión de alrededor de 5.000 millones de euros en una recuperación del litoral que vincule turismo y sostenibilidad, que respete e incluso aumente el dominio público marítimo-terrestre y sus servidumbres de protección (incluso aunque implique el derribo de construcciones ilegales), que restaure zonas de valor ambiental y económico (humedales, acantilados, marismas, dunas…) y que incluya la compra de terrenos costeros para su protección.
Con estas medidas, los ecologistas calculan que se podrían obtener alrededor de 18.600 millones de euros de beneficio turístico añadido al actual en 2020, además de recuperar la integridad física del litoral y las características de los ecosistemas costeros.
Los ecologistas advierten del peligro de la reforma de la Ley de Costas que prepara el gobierno. En su opinión, esta reforma "significará un retroceso en la conservación del litoral" según denuncia Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace. "Cada vez que se anuncia la reforma de la Ley de Costas, que se amnistían ilegalidades, que se emplea dinero público para regenerar playas y, en general, para parches temporales, se está tirando, literalmente, nuestro dinero al mar", concluye Marcos.
Informe completo Destrucción a toda costa 2012
Greenpeace denuncia su informe anual Destrucción a toda costa 2012 el elevado coste que suponen actuaciones como la regeneración de playas, dragados, espigones o la reconstrucción de paseos marítimos.
Además, esta cifra corresponde únicamente a los Presupuestos Generales del Estado para 2012 sin tener en cuenta las competencias autonómicas ni los tres procedimientos abiertos contra España por la Unión Europea por contaminación de aguas y que pueden suponer multas por otros 100 millones de euros.
Los ecologistas destacan así mismo que la política costera actual olvida por completo las consecuencias del cambio climático y que pueden suponer un coste de 3.415 millones de euros de aquí a 2100 por temporales, intensificación de la sequía y la subida del nivel del mar.
Según el informe, al ejecutarse obras en la costa no se tiene en cuenta el impacto económico de la pérdida de capital natural.
Actualmente se ha perdido casi el 60% de superficie de humedales costeros y el 70% de lagunas costeras, y tan sólo el 20% de los sistemas dunares está en buen estado. Según Naciones Unidas, España ha perdido el 50% de los beneficios económicos y ambientales de la costa (pesca, turismo…) debido al urbanismo, la contaminación y las infraestructuras.
Mario Rodriguez, director ejecutivo de Greenpeace España, ha afirmado que "si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado que lo que no sea sostenible medioambientalmente, no será útil económicamente, qué mejor ejemplo puede darnos que invertir en conservar y en hacer una gestión sostenible del litoral, y con ello, de toda la economía asociada, como el turismo, la pesca o la agricultura".
"España no podrá salir de la crisis si continúa su huída hacia delante, apostando por el ladrillo y reformando la Ley de Costas, es un suicidio económico", añade Rodriguez.
La organización ecologista cifra en 7.745 millones de euros anuales los ingresos que se dejan de percibir por la ausencia de un Plan de Gestión Integral del Litoral. Para poner remedio a esta situación, Greenpeace porpone una inversión de alrededor de 5.000 millones de euros en una recuperación del litoral que vincule turismo y sostenibilidad, que respete e incluso aumente el dominio público marítimo-terrestre y sus servidumbres de protección (incluso aunque implique el derribo de construcciones ilegales), que restaure zonas de valor ambiental y económico (humedales, acantilados, marismas, dunas…) y que incluya la compra de terrenos costeros para su protección.
Con estas medidas, los ecologistas calculan que se podrían obtener alrededor de 18.600 millones de euros de beneficio turístico añadido al actual en 2020, además de recuperar la integridad física del litoral y las características de los ecosistemas costeros.
Los ecologistas advierten del peligro de la reforma de la Ley de Costas que prepara el gobierno. En su opinión, esta reforma "significará un retroceso en la conservación del litoral" según denuncia Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace. "Cada vez que se anuncia la reforma de la Ley de Costas, que se amnistían ilegalidades, que se emplea dinero público para regenerar playas y, en general, para parches temporales, se está tirando, literalmente, nuestro dinero al mar", concluye Marcos.
Informe completo Destrucción a toda costa 2012