El Comité Económico y Social Europeo (CESE) de la UE apuesta por la RSc en la contratación pública

El CESE es el órgano consultivo de la Unión Europea que ofrece un asesoramiento especializado a las grandes instituciones de la UE (Comisión Europea, Consejo de la UE, Parlamento Europeo) mediante "dictámenes" centrados en las propuestas legislativas de la UE, aunque también elaboran otros "dictámenes de iniciativa" sobre temas que considera que deben abordarse.
Fundado en 1957, uno de sus cometidos principales es servir de "puente" entre las instituciones de la UE y la "sociedad civil organizada". Contribuye a reforzar el papel de las organizaciones de la sociedad civil mediante el establecimiento de un "diálogo estructurado" con estos grupos en los Estados miembros de la UE y en otros países de todo el mundo. Sus miembros representan un amplio abanico de intereses económicos, sociales y culturales en sus países de origen. Sus trabajos se estructuran en torno a tres grupos: "Empresarios", "Trabajadores" y "Actividades diversas" (es decir, agricultores, consumidores, ecologistas, familias, ONG, etc.). Es así como los miembros del CESE construyen el puente entre la UE y las organizaciones de la sociedad civil de los Estados miembros. En su web tienes acceso a todos los dictámenes emitidos por el CESE desde enero de 1990. Además, proporciona información sobre sus miembros y sus métodos de trabajo, sobre las reuniones y audiencias organizadas por el CESE y sobre la Secretaría del propio Comité.
Recientemente ha aprobado el Dictamen INT/570-Mercado Europeo de los Contratos Públicos, relativo al “Libro Verde sobre la modernización de la política de contratación pública de la UE, hacia un mercado europeo de la contratación pública más eficiente”, que supone un espaldarazo definitivo en la posición de la Comunidad Europea en relación a la posibilidad de incluir importantes cláusulas sociales en la contratación pública. Para Miguel Ángel Cabra de Luna, consejero del CESE en representación de Cepes y coponente del dictamen, y del experto Germán Alonso-Alegre, socio del despacho Mazars, dicho dictamen, aprobado el pasado 13 de julio, incluye dos trascendentales recomendaciones con vistas a conseguir la plena inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad.